Jóvenes y Constitución del 91:
“A la violencia le respondimos con más democracia”

Bandera de Colombia

Carros bomba, asesinatos selectivos —incluidos cuatro candidatos presidenciales—, exterminio de militantes de partidos de izquierda y conflictos con grupos narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares marcaron la década de los 80 y los inicios de los 90. Eran tiempos violentos a los que el movimiento estudiantil y la sociedad civil respondieron con una Constitución que marcaba el comienzo de un nuevo pacto social y una promesa de más democracia, pero, esta vez, participativa.

“Salir de rumba en Cali en esa época (finales de los 80 y principios de los 90) era un acto de fe de los papás, pienso hoy que tengo una hija y miro hacia atrás. Los traquetos entraban a los bares y si les gustaba una pelada se podía armar una balacera”, recordó Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral, en un encuentro en Los Andes por los 30 años del movimiento juvenil que impulsó la Séptima Papeleta.

Por su parte, Natalia Ángel Cabo, profesora de Derecho de la Universidad de los Andes, calificó esa misma época como de violencia desmedida, en una charla organizada por la Comisión Colombiana de Juristas por los 30 años de la Constitución: “Mi adolescencia en los 80 era ver cuatro candidatos presidenciales asesinados, 19 carros bomba, cientos de muertos y el exterminio de la Unión Patriótica”.

Eran tiempos de desazón, incertidumbre y mucho miedo, pero también de un hartazgo por la situación del país que congregó a los estudiantes de universidades y colegios públicos y privados en un movimiento juvenil para impulsar un cambio. Lo hizo recogiendo y promoviendo la propuesta de convocar un plebiscito para reformar la Carta Magna de 1886 por fuera del Congreso, formulada por el presidente Virgilio Barco en una carta dirigida a El Espectador en enero de 1988.

El resultado fue calificado por Catalina Botero, profesora de Derecho en Los Andes y una de las líderes del movimiento —junto con Barrios, Gustavo Salazar (hoy magistrado de la Justicia Especial para la Paz) y muchos otros—, como un ‘diálogo entre improbables’ y un ‘típico momento constituyente’. Impulsada por la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán, la universidad privada salía a marchar y unía fuerzas con la pública.

“Nosotros promovimos emociones completamente positivas (‘sí es posible’, ‘tenemos esperanza’, ‘queremos trabajar juntos’) en unos de los peores años. Ese impulso, esa ilusión y esa esperanza mostraron que la mejor manera de arrebatarles el país a las mafias era hacer un ajuste estructural e institucional”, aseguró Botero en el encuentro por la Séptima Papeleta.

“Respondimos a una violencia extrema con la promesa de más democracia en la Asamblea Constituyente. En vez de una respuesta autoritaria, quisimos limitar el autoritarismo”.

Natalia Ángel Cabo, profesora de Derecho

En las elecciones del 11 de marzo de 1990, además de las seis papeletas oficiales, los ciudadanos depositaron en las urnas un voto para pedir una constituyente y de ahí su nombre de Séptima Papeleta. Aunque no fue contabilizado oficialmente, los estudiantes adelantaron su escrutinio, Virgilio Barco reconoció su mandato popular y expidió el Decreto 927 de 1990 con el cual se declaró que el 27 de mayo de ese año, además de elegir a un nuevo presidente, los colombianos votarían por si querían o no una Asamblea Constituyente. El 89 % de los votantes aprobó esta iniciativa que daría vida a la Constitución de 1991.

“Decidimos que el miedo no restringía la democracia, sino la ampliaba. Ante las dificultades, más democracia”, enfatizó Salazar.

“Respondimos a una violencia extrema con la promesa de más democracia en la Asamblea Constituyente. En vez de una respuesta autoritaria, quisimos limitar el autoritarismo”, aseveró Ángel Cabo.

Un espíritu participativo

“La democracia participativa como proyecto político aparece como eje central del Gobierno de Barco. Está en todas las ideas sobre lucha contra la pobreza de su Plan Nacional de Rehabilitación, porque la pobreza es una manifestación de exclusión política, no solo de ausencia de recursos —explicó a Nota Uniandina Manuel José Cepeda, exdecano de la Facultad de Derecho y exasesor del presidente César Gaviria en la Asamblea Constituyente—. La Séptima Papeleta fue fundamental para mostrar que podía ser eficaz y producir transformaciones profundas, no meramente simbólicas, por eso el único tema sustantivo de la papeleta de mayo de 1990 fue ‘para fortalecer la democracia participativa’”.

Contra el escepticismo y la oposición de líderes políticos, especialmente expresidentes, y el enorme temor en algunos gremios y de prestigiosos constitucionalistas de la época, precisó Cepeda, se logró sacar adelante ese proyecto gracias a la unión y la perseverancia de los estudiantes, la decisión de Barco de dictar un decreto de Estado de Sitio para contar la papeleta en las elecciones del 27 de mayo y “porque se establecieron enunciaciones generales de los diferentes mecanismos de participación y se vinculó la democracia participativa a derechos políticos más amplios, así como a la protección de los derechos fundamentales”.

“Quizás la agenda pendiente más importante consiste en modificar las prácticas políticas y en hacer que el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales entren en su onda, sean más abiertos a las deliberaciones e incluyan las voces de la sociedad civil”.

Manuel José Cepeda, exasesor del presidente César Gaviria en la Asamblea Constituyente.

Desde entonces, continuó, todos los gobiernos han acudido a alguno de estos mecanismos (referendo, consulta popular o plebiscito) para consultarle al pueblo algunas de las decisiones más importantes; la acción de tutela ha defendido los derechos fundamentales de ciudadanos y organizaciones sociales y la sociedad civil se ha fortalecido y está presente en las principales discusiones sobre temas específicos de modernización social y de transformación política.

Aunque también reconoce que queda mucho por mejorar: “Quizás la agenda pendiente más importante consiste en modificar las prácticas políticas y en hacer que el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales entren en su onda, sean más abiertos a las deliberaciones e incluyan las voces de la sociedad civil”.

A esto se le suma una preocupación de Natalia Ángel Cabo: “Veo un poco de distorsión en el uso de estos mecanismos”. Se refiere a las consultas encaminadas a recortar los derechos de algunas minorías, como las propuestas para que las parejas del mismo sexo no puedan adoptar e incluso la de anticipar las elecciones, que buscan, en últimas, silenciar sus voces.